Madres de la Plaza Colón buscan medidas reparatorias para presos del Estallido Social

Crucial reunión sostenida con Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región permitió avanzar en la discusión.

13/05/22

Frente al contexto incierto de debate en el Parlamento y la opinión pública sobre la ley de indulto, las Madres de Plaza Colón se reunieron con el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Orellana Osorio, para analizar los casos de los presos del Estallido Social en Antofagasta. Las madres fueron enfáticas en señalar que representaban a todas las progenitoras de Chile, quienes están sufriendo el calvario de sus hijos presos por más de dos años sin que el Estado se haga cargo de las resultados negativos de la revuelta social.

El seremi de la cartera se mostró llano a la generación de garantías de no repetición como factores claves en lo que debiera ser una justicia transicional del 18/O. Cristóbal Orellana señaló que el gobierno del Presidente Gabriel Boric buscahacerse cargo de las dos grandes fracturas políticas del país: las víctimas de la dictadura y los presos del Estallido. Fue claro en señalar a las madres que no se buscará replicar los informes Valech y Rettig, sino más bien el levantamiento de iniciativas para generar un plan de reparación a corto, mediano y largo plazo, a través de la Subsecretaría DD.HH. En este sentido, las madres sugirieron a la autoridad regional la presentación de proyectos de ley que busquen acortar los plazos en la eliminación de antecedentes penales u otras medidas de indemnización por parte del Estado.

Se analizaron otros instrumentos para abordar la problemática tales como el indulto particular del Presidente y los recursos judiciales ante organismos internacionales para presionar al Estado a hacerse cargo y responsable de las crisis políticas del país. El compromiso de la autoridad regional fue ayudarlas en todos aquellos aspectos intra-penitenciarios, que sean de su competencia, porque cuando ya se involucra a otros poderes del Estado como el Judicial, las prerrogativas no pueden exceder la intervención del Ejecutivo en los demás poderes autónomos. Es el caso de la Comisión de Libertad Condicional, cuyas decisiones se toman en el poder judicial y benefician a quienes este órgano determina.

Desde un aspecto más testimonial, Julia Aguirre, una de las Madres de Plaza Colón, le planteó al seremi que sus hijos no son delincuentes como se ha querido establecer en la opinión pública, sino que fueron ‘luchadores sociales’, quienes movilizaron e hicieron carne en las calles los cambios en el país. Con lágrimas en sus ojos, Juana López contó que cada audiencia de su hijo era un inmenso dolor en su corazón, así como cuando un arsenal de efectivos de la PDI se lo llevaron esposado mientras su niña pequeña veía la dramática escena.

Un modus operandi de la justicia chilena en los presos del estallido comenzó con un mal catálogo clasificador de delitos por parte de Carabineros de Chile y se prolongó en reiteradas acciones de injusticia normativa como el excesivo abuso de la prisión preventiva y el mal uso de una ‘economía procesal’. A través de ésta, los jueces se ahorraron un juicio y dictaron condena. Los jóvenes fueron procesados, obteniendo su libertad vigilada, pero con una condena a cuestas y a través de una ‘verdad negociada’ y de una dudosa culpabilidad a presión. Pareciera ser que toda la institucionalidad se comporta como juez y parte, y las madres y los jóvenes se sienten abandonados por el sistema, las leyes y el Estado.

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